Si visita el Palacio Real de Madrid, conocerá la mesa y el Salón de Columnas, donde el 12 de junio de 1985 (hace 30 años) España firmaba el Acta de Adhesión para ingresar en la entonces Comunidad Económica Europea (hoy Unión Europea). Un lugar y un hecho históricos. El resultado de un proceso de negociación largo y complicado que nos unía a los principales países europeos (entonces 12). Hoy son 28, donde se hablan 24 idiomas y con posibilidad de que se incorporen más países.

 

Un proceso tan duro que el entonces secretario de Estado para las Relaciones con la Comunidad Europea, Manuel Marín, decía unos meses antes de la firma que “España no está dispuesta a romper la baraja, pero tampoco aceptará entrar en la Comunidad firmando un tratado que pueda crear una situación de inferioridad insuperable en el futuro”.

 

España había pasado muchas dificultades, como un golpe de Estado en 1981, una situación económica difícil, con una reconversión industrial y unos índices de paro y de inflación preocupantes… El día de la firma, el presidente del Gobierno, Felipe González, decía que “el ideal de la construcción europea es más válido que nunca porque nos lo imponen las exigencias del mundo de hoy, y más aún el de mañana”.

 

A partir de entonces, este país ha pasado por diferentes periodos, desde un fervor hacia Europa por el apoyo económico al desarrollo de España, especialmente en infraestructuras, al pesimismo hacia una UE que controla nuestras decisiones económicas. Con la entrada de España en el euro en 2002, las iniciativas monetarias se toman en Frankfurt y el Banco Central Europeo determina el futuro de cada país y los cumplimientos de los acuerdos.

 

En este duro periodo de crisis, que vivimos desde 2008, ha habido un desapego hacia esa Europa que nos protegía, una Europa burocrática, difícil, que prometía un proyecto social de Estado de bienestar que se ha ido desgajando como una fruta. 

 

Desde Bruselas se defiende su labor con infinidad de normas que presuntamente amparan a todos, especialmente a los más débiles. Desde cada país hay una resistencia a dejar sus competencias y sobre todo, se reclama una mayor Europa social. Una vieja petición en la que se han dado pasos pero que deja un camino largo por recorrer. Incluso se han marcado objetivos para cumplir, como en la agenda 2020 donde (se supone) todo estará al alcance de los ciudadanos. Sin embargo, quedan muchos agujeros en el sistema.

 

Por ejemplo, hay una gran discriminación hacia las personas con discapacidad en materia de transporte. Es muy complicado viajar con una silla de ruedas hasta la capital europea. Algún parlamentario así los atestigua. Incluso hay muy pocos eurodiputados con discapacidad. Todavía hay discriminación hacia un diez por ciento de la población europea.

 

Y muchas tareas por cumplir. Hay que aplicar la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte de la Unión Europea, la promesa de una Ley de Accesibilidad Europea, una Tarjeta Europea de Movilidad, la igualdad de acceso a bienes y servicios…

 

En estos 30 años España ha sido protagonista de la reciente historia de la UE, de los diferentes tratados (Maastricht, Amsterdam, Niza y Lisboa), ha contado con comisarios, con presidentes del Parlamento Europeo, con máximos representantes en su política exterior. Seguro que puede presumir de que la legislación y la integración de la personas con discapacidad son un ejemplo en Europa. El camino acaba de empezar para conseguir una igualdad plena. Está en manos de los europeos defender los derechos de 80 millones de ciudadanos con discapacidad. Una Europa más social.